Issue

Criminal Justice

Bringing Collaboration to Criminal Justice

Having served as South Carolina’s first Violence Against Women Act (VAWA) Director and the state’s top Victim Advocate, I am deeply familiar with our criminal justice system—and its weaknesses. Recently, South Carolina was ranked #6 in the nation for women killed by men. The COVID-19 pandemic brought economic hardship, isolation and according to law enforcement reports–a foreseeable rise in domestic violence.

I’ve worked in the executive branch for Republican and Democrat administrations. Under my leadership, South Carolina’s Crime Victim Compensation Program received national recognition in the areas of fiscal responsibility and expanded access to services. Throughout my career, I’ve utilized a collaborative, bipartisan, multidisciplinary approach to help address domestic violence, sexual assault, human trafficking and other violent crimes against women and will continue to push for meaningful criminal justice reform.

While in the General Assembly, I sponsored the Transparency in Justice Act, which would finally make hate a crime in SC, ban no-knock warrants and police chokeholds, demilitarize the police, decriminalize marijuana, end qualified immunity for cops who kill civilians without justification and make other critical changes to our outdated criminal justice laws.

When a Black girl was violently thrown out of her desk by a School Resource Officer at a midlands high school and arrested in her classroom for allegedly not putting her cell phone away, I discovered that South Carolina’s Disturbing Schools law was used to send over 30,000 students from school to DJJ.

For too many SC students, this meant our public schools were the first stop on the school-to-prison pipeline because this law criminalized non-criminal classroom misbehavior. I introduced a bill to change that. With overwhelming bipartisan support, my Disturbing Schools bill passed in 2018. Now, SC students are no longer arrested in school unless they threaten or harm others or engage in criminal acts on school grounds or school property.

As Governor, I’ll continue to address the systemic factors that disproportionately impact black and brown people, as well as those that create unsafe environments for all South Carolinians.

 

 

 

 

 

Traer La Colaboración a la Justicia Criminal

Haber servido como la primera Directora de la Ley de Violencia Contra las Mujeres de Carolina del Sur y la mejor Defensora de Víctimas del estado, estoy bastante familiar con nuestro sistema de justicia criminal – y sus debilidades. Recientemente, Carolina del Sur fue clasificado a #6 de la nación para las mujeres matadas por los hombres. La pandemia de COVID-19 causó la adversidad económica, el aislamiento, y, según los relatos de los cuerpos policiales, un aumento probable de la violencia doméstica. 

He trabajado en la rama ejecutiva para las administraciones Republicanas y Democráticas. Debajo de mi liderazgo, el Programa de Compensación de las Víctimas del Crimen de Carolina del Sur ha recibido el reconocimiento nacional en las áreas de la responsabilidad fiscal y el acceso expandido a los servicios. A lo largo de mi carrera, he utilizado un método colaborativo, bipartito, y multidisciplinario para ayudar a abordar la violencia doméstica, el abuso sexual, el tráfico humano, o otros crimenes violentos contra las mujeres, y continuaré luchando por la reforma significativa de la justicia criminal. 

Mientras de servir en la Asamblea General, propuse la Ley de Transparencia en la Justicia, lo cual clasificaría el odio como un crimen en Carolina del Sur, prohibiría los órdenes de allanamiento y los agarres policiales de cuello, desmilitarizaría la policía, despenalizaría la marihuana, acabaría con la inmunidad limitada para la policía que mata a los civiles sin justificación, y haría otros cambios críticos a nuestras leyes anticuados de la justicia criminal. 

Cuando una chica negra fue echada por su pupitre por un Agente de Recursos Escolares en una escuela de los Midlands y arrastrada en su clase por, presuntamente, faltar de guardar su celular, descubrí que la Ley de Interrumpir la Escuela de Carolina del Sur fue usada para mandar más de 30.000 estudiantes de la escuela al Departamento de Justicia de Menores. 

Para demasiados estudiantes de Carolina del Sur, esto significó que nuestras escuelas públicas eran las primeras paradas del canal de escuela-a-prisión porque esta ley penalizó el mal comportamiento lícito de la clase. Yo propuse una ley para cambiar eso. Con apoyo bipartito enorme, mi propuesta de ley de Interrumpir las Escuelas fue aprobada en 2018. Ahora, los estudiantes de Carolina del Sur ya no están arrestados en la escuela a menos que amenacen o dañen otros estudiantes o participen en los actos criminales en los terrenos escolares o la propiedad escolar. 

Como gobernadora, continuaré llamando atención a los factores sistémicos que afectan desproporcionadamente a la gente negra y morena, además con los factores sistémicos que crean los ambientes peligrosos para toda la gente de Carolina del Sur.